BIENVENIDOS

El presente blog es un intento por difundir algunas ideas básicas en torno al Derecho Constitucional chileno, y su contenido está hecho básicamente por apuntes de clases de las cátedras del profesor Hugo Tórtora Aravena(*).

Su uso está autorizado, previa cita.

Sus comentarios serán siempre bienvenidos.

(*) Hugo Tórtora Aravena es Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Valparaíso, Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Talca, y Profesor de Derecho Público de las Universidades Andrés Bello y Santo Tomás, sedes Viña del Mar (hugotortora@gmail.com)

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jueves, 8 de julio de 2010

09 - DEBERES CONSTITUCIONALES, JUSTICIA ELECTORAL, CONTRALORIA, FF.AA., COSENA, BANCO CENTRAL, GOB Y ADMINISTRACION REGIONAL, REFORMA CONSTITUCIONAL


IX UNIDAD
TOPICOS CONSTITUCIONALES

(Prof. Hugo Tórtora Aravena)

SUMARIO: I. Deberes Constitucionales; II. Justicia Electoral; III. Contraloría General de la República; IV. Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública; V. Consejo de Seguridad Nacional; VI. Banco Central; VII. Gobierno y Administración Regional; VIII. Reforma a la Constitución.

I. Deberes Constitucionales
(Cuestiones Generales – Deberes de Personas Naturales – Deberes de Grupos Intermedios)

Ÿ Cuestiones Generales

Los principales deberes constitucionales, se encuentran consagrados en el Capítulo III de la Constitución Política (sobre Derechos y Deberes Constitucionales), y más específicamente en los artículos 22 y 23.
Complementando la opinión del profesor José Luis Cea, los deberes señalados en estas disposiciones tienen las siguientes características:
(a) Son deberes prominentes o esenciales para el país, en su unidad y destino como Estado nación soberano y gobernable con sujeción al Derecho;
(b) Obligan a todos los habitantes de la República, tanto chilenos como extranjeros, e incluso a quienes no se encuentran en territorio nacional pero que les sea aplicable el ordenamiento jurídico chileno;
(c) No son taxativos, ya que, por ejemplo, el artículo 19 establece otros deberes para las personas;
(d) Pueden ser clasificados en deberes de personas naturales y deberes de los grupos intermedios.

Ÿ Deberes de las Personas Naturales

El artículo 22 de la Carta Fundamental, establece tres tipos de deberes, en relación con las personas naturales:

1.- Deberes para todo habitante de la República:
- Deberán respetar a Chile.
- Deberán respetar a sus emblemas.

2.- Deberes sólo para chilenos:
- Honrar a la patria
- Defender su soberanía
- Contribuir a preservar la seguridad nacional
- Contribuir a preservar los valores esenciales de la tradición chilena
- Inscribirse en los Registros Militares, si se encuentran estado de cargar armas y no están expresamente exceptuados.

3.- Deberes que deberán ser regulados por la ley
- Deber de cumplir con el servicio militar
- Deber de cumplir con las demás cargas personales que establezca la ley

Ÿ Deberes de los Grupos Intermedios

De conformidad a lo dispuesto en el art. 23 de la CPR, los Grupos Intermedios y sus dirigentes, tienen prohibido hacer mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos.
En tanto, el incumplimiento dará origen a las sanciones legales que correspondan.
Se establece una incompatibilidad entre:
- Los cargos directivos superiores de organizaciones gremiales, y
- Los cargos directivos superiores, regionales y nacionales de partidos políticos.

También serán sancionadas por ley:
- la intervención en actividades político partidistas por parte de los dirigentes gremiales; y
- la interferencia de los dirigentes de los partidos políticos en el funcionamiento de las organizaciones gremiales, y demás grupos intermedios que la ley señale. Al respecto, cabe destacar que según el art. 49 de la Ley Orgánica Constitucional 18.603 de Partidos Políticos, los dirigentes de partidos políticos que incurrieren en la conducta sealada en el artículo 23 inciso 2º de la CPR, serán sancionados con multa en sus grados mínimos a medio (de 10 a 200 UTM según art. 46 de la misma ley) e inhabilidad por el término de 5 años para ocupar cargos directivos en partidos políticos.

II. Justicia Electoral
(Cuestiones Generales – Tribunal Calificador de Elecciones – Tribunales Electorales Regionales)

Ÿ Cuestiones Generales

La Justicia Electoral puede ser definida como “los diferentes controles de legalidad, externos e internos, que se realizan sobre los procesos electorales y, en general, sobre la actividad electoral”
Esta actividad reconoce diferentes modalidades de Justicia Electoral, en el derecho Comparado:
Ø En algunos ordenamientos, esta actividad le compete a la Justicia Ordinaria;
Ø También puede ser ejercida por un organismo autónomo, de naturaleza jurisdiccional, pero perteneciente al aparato administrativo;
Ø Un organismo autónomo de naturaleza estrictamente jurisdiccional
Ø Sistema mixto

En Chile, se trata de una justicia ejercida por un órgano autónomo de carácter jurisdiccional, y es realizada por “órganos constitucionales”, toda vez que su regulación se encuentra básicamente en la Carta Fundamental (Capítulo: artículos 95 a 97).
La normativa constitucional, contempla una justicia electoral desarrollada en dos niveles:
- Un nivel nacional, a cargo del Tribunal Calificador de Elecciones; y
- Un nivel regional, desarrollado por los Tribunales Electorales Regionales.

Es dable señalar que mientras el primero debe ser regulado mediante Ley Orgánica Constitucional, los segundos deben ser regulados por ley. Estas normas, en la actualidad corresponden a la Ley Nº 18.460, Orgánica Constitucional sobre el Tribunal Calificador de Elecciones, y la Ley Nº 18.593 sobre Tribunales Electorales Regionales.

Ÿ El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL)

1.- Composición del TRICEL

El Tribunal Calificador de Elecciones se encuentra compuesto por cinco miembros designados en la siguiente forma:

a) Cuatro ministros de la Corte Suprema, designados por ésta, mediante sorteo, en la forma y oportunidad que determine la ley orgánica respectiva, y
b) Un ciudadano que hubiere ejercido el cargo de Presidente o Vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado por un período no inferior a los 365 días, designado por la Corte Suprema en la forma señalada en la letra a) precedente, de entre todos aquellos que reúnan las calidades indicadas.
Los miembros de este Tribunal, durarán cuatro años en su cargo.

2.- Incompatibilidades e Inhabilidades

Los miembros del TRICEL se encuentran sometidos a las mismas incompatibilidades e inhabilidades que los diputados y senadores, señaladas en los arts. 58 y 59 de la CPR, según lo dispuesto en el art. 95 de la Carta Fundamental.
Además, el miembro no ministro de la Corte Suprema no podrá ser parlamentario, candidato a cargos de elección popular, ministro de Estado, ni dirigente de partido político.

3.- Competencia del TRICEL

Según el artículo 95 de la Constitución, este Tribunal tiene las siguientes funciones:
- Conocer del escrutinio general y de la calificaciones de las elecciones de Presidente de la República, de Diputados y Senadores.
- Resolver las reclamaciones que dieren lugar.
- Proclamar a los elegidos.
- Conocer de los Plebiscitos.
- Ejercer las demás funciones que le asigne la ley.

4.- Regulación del procedimiento seguido por el TRICEL

El procedimiento del Tribunal calificador de Elecciones tiene una triple regulación, a saber:

- Regulación constitucional:
o El TRICEL procederá como jurado en la apreciación de los hechos
o Pero sentenciará conforme a derecho
- Regulación legal:
o LOC del Tribunal Calificador de Elecciones (Nº 18460 de 1985)
- Regulación Administrativa:
o Auto acordados del mismo TRICEL

Ÿ Los Tribunales Electorales Regionales

1.- Composición del los Tribunales Electorales Regionales
Los Tribunales Regionales Electorales están compuestos por Tres Miembros:
a) 1 Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, elegidos por ésta
b) 2 miembros designados por el TRICEL, que hayan ejercido la profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de la Cote de Apelaciones por un plazo no inferior a tres años

Los miembros durarán en su cargo, cuatro años.

2.- Incompatiblidades e inhabilidades
Serán determinadas por la ley.

3.- Competencias
Los Tribunales Electorales Regionales deberán:
- Conocer del escrutinio general y de la calificaciones de las elecciones que la ley le encomiende
- Resolver las reclamaciones que dieren lugar (resoluciones apelables ante el Tricel)
- Proclamar a los elegidos
- Conocer la calificación de elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en los cuerpos intermedios que la ley señale

4.- Regulación del procedimiento seguido por los Tribunales Electorales Regionales

Este procedimiento también se encuentra sometido a una triple regulación:
- Regulación constitucional:
o Procederán como jurado en la apreciación de los hechos
o Sin embargo, sus sentencias deberán ser dictadas conforme a derecho
- Regulación legal:
o Ley de los Tribunales Electorales Regionales (Nº 18460 de 1987)
- Regulación Administrativa:
o Auto acordados de los mismos Tribunales
III. Contraloría General de la República
(Cuestiones Generales – El Contralor General – Funciones de la Contraloría)

Ÿ Cuestiones Generales

Los primeros antecedentes de la Contraloría General, los encontramos en los Tribunales de Cuenta, creados en 1820, y en la Contaduría Mayor y Tribunal Superior de Cuentas, de1839. Esta última entidad era la encargada de revisar preventivamente los actos de la Administración del Estado que comprometen a la Hacienda Pública, cuyo ejercicio permite al entonces Contador Mayor representar al Presidente de la República la inconstitucionalidad o ilegalidad de las correspondientes medidas, sin perjuicio de que éste pudiera insistir en su "toma de razón".
En la segunda mitad del siglo XIX (1869) se crea la Dirección General de Contabilidad, que sucede a la Contaduría.
La actual Contraloría nace definitivamente en 1927, como una de las recomendaciones de la Comisión Kemmerer.
Su consagración constitucional, en tanto, se produce mediante Reforma Constitucional de 1943, la cual, dentro del Capítulo destinado a las Garantías Constitucionales, incorpora a este organismo a la Carta de 1925.
Sólo en la Carta de 1980, la Contraloría General de la República es regulada por un Capítulo especial (actualmente el Capítulo X, arts. 98, 99 y 100).
A su vez, debemos señalar que de acuerdo al art. 99 inciso final, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República serán materia de una ley orgánica constitucional. Si bien, dicha ley orgánica constitucional no se ha dictado aún bajo la Carta de 1980, se entiende que la Ley Nº 10.336 de 1952 (cuyo texto coordinado, sistematizado y refundido fue fijado por el D.S. Nº 2.421 de 1964) que fija la Organización y Atribuciones de dicho órgano, tiene valor de LOC, según lo dispuesto por la Cuarta Disposición Transitoria de la Constitución.
Por último, cabe recalcar que de acuerdo al art. 98 de la Constitución, la Contraloría es un Órgano Autónomo, lo cual implica que no es dependiente de ninguna otra autoridad, sin perjuicio de las responsabilidades constitucionales y legales que al Contralor General y los demás funcionarios de dicha institución puedan ejercerse en su contra.
En definitiva, las principales características de la Contraloría General son las siguientes:

1) Es esencialmente un órgano de control de juridicidad o legalidad de la Administración del Estado.

2) Tiene rango constitucional (Capítulo X, y más específicamente, los artículos 98 a 99, de la Constitución Política).

3) Es un organismo autónomo en el sentido que goza de independencia para el ejercicio de sus funciones. No está sometida ni al mando, ni a la supervigilancia del Poder Ejecutivo ni del Congreso Nacional.

4) La planta del personal de Contraloría General es materia de ley, pero el Contralor General realiza todos los nombramientos y dispone las demás medidas atingentes a los funcionarios. El Organismo Contralor no goza de personalidad jurídica propia, por lo que actúa con la personalidad del Estado. Tampoco tiene autonomía financiera, de modo que la aprobación y ejecución de su presupuesto está sometido a las mismas reglas que el resto de los servicios públicos, lo que supone la iniciativa legislativa del Presidente de la República.

5) Es un organismo superior de control que forma parte del Sistema Nacional de Control, el que está integrado, además, por la Cámara de Diputados en cuanto fiscalizador de los actos de gobierno, los Tribunales de Justicia, algunos órganos especializados de fiscalización, como las Superintendencias, los controles jerárquicos y las unidades de control interno de los servicios públicos. Existe, además, el control social a través de los medios de comunicación y los ciudadanos en general.

6) Integra la Administración del Estado, por mandato del artículo 1° de la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Por lo tanto, está sometida a las normas del Titulo I de dicho texto legal, el que exige, entre otros aspectos, una actuación coordinada con los servicios públicos, sin perjuicio de su autonomía.

7) La norma que regula la organización y funcionamiento de Contraloría General (ley N° 10.336) tiene el rango de ley orgánica constitucional.

Ÿ El Contralor General de la República

Es la máxima autoridad de la Contraloría General de la República, es designado por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, adoptado por los 3/5 de sus miembros en ejercicio.
Los requisitos para ser designado Contralor General son los siguientes:
(1) contar con el título de abogado a lo menos por 10 años;
(2) haber cumplido 40 años de edad; y
(3) ciudadano con derecho a sufragio.
Durará ocho años sin posibilidad de reelección para el período siguiente, y gozará de inamovilidad. Sin embargo, cesará sus funciones al cumplir 75 años de edad.

Ÿ Funciones de la Contraloría General de la República

En primer término, debemos señalar que la misión básica de este órgano es desarrollar el control de la actividad administrativa. Este control, a su vez, es de dos categorías: jurídico y contable.

1.- Funciones Jurídicas

Según la Carta Fundamental, a la Contraloría corresponderá “ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración”.
Esta atribución se desarrolla mediante el trámite conocido como Toma de Razón, el cual se define como “el examen que realiza la Contraloría General de la República que tiene por objeto determinar si un acto administrativo se conforma o no con la Constitución y las leyes”.
En el caso que el referido examen sea desfavorable, la CGR procederá a la Representación del acto respectivo, esto es, “la comunicación escrita por medio de la cual la Contraloría General de la República se abstiene de tomar razón un decreto o resolución administrativa por ser contraria a la ley o a la Constitución”
Frente a un acto que haya sido representado por la Contraloría, las actitudes que puede asumir el Presidente de la República, dependerá de la causal por la cual se produzca el rechazo:

- Si el decreto o resolución fue representado por estimarlo inconstitucional: sólo podrá requerir al Tribunal Constitucional para que resuelva la controversia. Plazo: 10 días (93 Nº 9, y 99 i 3º CPR). Lo mismo opera si es representado (por cualquier vicio), un DFL o un decreto promulgatorio de ley o de reforma constitucional por apartarse al texto aprobado.

- Si el decreto o resolución fue representado por estimarlo ilegal: el Presidente podrá insistir con la firma de todos sus ministros. La Contraloría deberá dar curso al acto revisado (99 i 1º CPR). Este denominado “Decreto de Insistencia” deberá ser comunicado a la Cámara de Diputados.

2.- Funciones Contables

De acuerdo a la Carta Fundamental, a la CGR corresponderá:
- Fiscalizar el ingreso e inversión de los Fondos del Fisco.
- Examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de las entidades fiscalizadas.
- Llevar la Contabilidad General de la Nación.

IV. Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad
(Cuestiones Generales – Características – Aspectos Orgánicos –
Normas sobre Control de Armas)

Ÿ Cuestiones Generales

Las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad se encuentran reguladas constitucionalmente en el Capítulo XI de la Carta Fundamental.
Además, determinadas materias relacionadas con las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile deberán ser reguladas por Ley Orgánica Constitucional
- LOC Nº 18.948 (1990) sobre Fuerzas Armadas
- LOC Nº 18.961 (1990) sobre Carabineros de Chile
En tanto, la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulada, además, por su respectiva Ley Orgánica, la cual no es LOC.
Es necesario distinguir, de acuerdo al art. 101 de la Constitución, entre:

1.- Fuerzas Armadas:
Dependen del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, están constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; existen para la defensa de la patria, y son esenciales para la seguridad nacional.

2.- Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública; están constituidas por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones; constituyen la fuerza pública; y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad interior.
No obstante ello, de acuerdo a la 17° Disposición Transitoria de la Constitución, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública seguirán siendo dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional mientras no se dicte la nueva ley que cree el Ministerio encargado de la Seguridad Pública (lo que no ha ocurrido hasta la fecha)

Ÿ Características
De conformidad al artículo 101 inciso tercero de la Constitución, las Fuerzas Armadas y Carabineros, tienen las siguientes características:
- Son cuerpos armados
- Son esencialmente obedientes
- Son no deliberantes
Por su parte, todas las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y Seguridad Pública (por lo tanto, se incluye también la Policía de Investigaciones), son además:
- Profesionales
- Jerarquizadas
- Disciplinadas

Ÿ Aspectos Orgánicos

1.- Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile

Serán designados por el Presidente de la República de entre los cinco Generales de mayor antigüedad, y que reúnan las calidades exigidas en sus respectivos estatutos institucionales.
Durarán 4 años en sus funciones, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.
Gozarán de inamovilidad en su cargo. Esta inamovilidad, sin embargo es de carácter “relativo”, ya que el Presidente de la República podrá llamarlos a retiro, con las siguientes formalidades: (1) requerirá decreto fundado; y (2) deberá informarse previamente a ambas Cámaras (art. 104 CPR).

2.- Planta y dotación

Según el art. 102 de la CPR, la incorporación a las plantas y dotaciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias Escuelas, con excepción de los escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley.

Ÿ Normas sobre Control de Armas

De conformidad al art. 103 de la Carta Fundamental, ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale una ley aprobada con quórum calificado, sin autorización otorgada en conformidad a ésta. Esta ley corresponde en la actualidad a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas, existiendo además, ciertas normas en la Ley Nº 18.314 sobre Conductas Terroristas.
El Ministerio encargado de la Defensa Nacional o un organismo de su dependencia ejercerá la supervigilancia y control de las armas en la forma que determine la ley (actualmente, esa labor está entregada a la Dirección General de Movilización Nacional.

V. El Consejo de Seguridad Nacional
(Funciones básicas – Composición - Funcionamiento)

Ÿ Funciones Básicas

El Consejo de Seguridad Nacional se encuentra contemplado en el Capítulo XII de la Constitución.
A su vez, el art. 106 de la Carta Fundamental señala, en lo pertinente que este órgano estará “encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que esta Constitución le encomienda”.

Ÿ Composición

De acuerdo al mismo art. 106 antes citado, el COSENA estará compuesto por 9 miembros:
- Presidente de la República, quien además preside el Consejo.
- Presidente del Senado
- Presidente de la Cámara de Diputados
- Presidente de la Corte Suprema
- Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)
- General Director de Carabineros
- Contralor General de la República

Ÿ Funcionamiento

Sólo podrá ser convocado por el Presidente de la República, y el quórum para sesionar será el de la mayoría absoluta de sus integrantes.
El COSENA no podrá adoptar acuerdos, pero podrá dar su opinión sobre materias relacionadas con las Bases de la Institucionalidad y la Seguridad Nacional
Sus actas serán siempre públicas, salvo acuerdo de la mayoría de sus miembros
Un reglamento dictado por el propio Consejo establecerá las demás disposiciones concernientes a su organización, funcionamiento y publicidad de sus debates.

VI. El Banco Central
(Cuestiones Generales –Limitaciones)

Ÿ Cuestiones Generales

Los Bancos Centrales en General, nacen como Bancos esencialmente emisores de moneda, y el primer Banco Central que se conoce como tal es el Banco de Inglaterra (1694)
Habitualmente estas instituciones tienen como funciones, lograr la estabilidad de la moneda interna, y ejercer como “autoridad monetaria” (regular la emisión de dinero, el encaje de los bancos privados, el mercado el comercio exterior, etc.).
El Banco Central de Chile fue creado en virtud del decreto ley N° 486 del 21 de agosto de 1925, promulgado bajo el gobierno de don Arturo Alessandri Palma. La citada iniciativa también surgió a partir de uno de los cuatro proyectos presentados ese año por la misión Kemmerer.
En Chile, se encuentra consagrado en el Capítulo XIII de la Constitución, arts. 108 y 109.
Sus principales características son las siguientes:
- Es un Órgano Constitucional
- Es un organismo autónomo, lo cual busca principalmente que se cumplan sus funciones básicas, como lograr la establidad de la moneda, y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos del país.
- Cuenta con patrimonio propio.
- Tiene un carácter técnico.
- Su composición, organización, funciones y atribuciones estará regulada por una Ley Orgánica Constitucional (en este caso, la ley 18.840 de 1989)

Ÿ Limitaciones

La Constitución no indica las funciones del Banco Central, sino solo hace referencias a una serie de limitaciones. El artículo 109 de la CPR es la norma que establece tales restricciones:
- Sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, públicas o privadas.
- No podrá otorgar su garantía a las operaciones de instituciones financieras, públicas o privadas.
- No podrá adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.
- Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.
- No podrá realizar actuaciones discriminatorias.
No obstante ello, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas.


VII. Gobierno y Administración Interior del Estado
(Cuestiones Generales – Gobierno y Administración Regional – Gobierno y Administración Provincial – Administración Comunal – Disposiciones Comunes – Los Territorios Especiales)

Ÿ Cuestiones Generales

El Capítulo XIV de la Constitución Política establece las bases esenciales del Gobierno y la Administración Interior del Estado.
El principio básico de división territorial, lo indica el art. 110 inciso primero de la CPR: “Para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones, y éstas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas”.
Por su parte, debemos señalar que diversos aspectos vinculados a esta materia, deben estar regulados por Ley Orgánica Constitucional:
a) La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas; la modificación de sus límites, y la fijación de las capitales de las regiones y provincias (art. 110 CPR)
b) Gobierno y administración Regional (art. 113)
c) Municipalidades (art. 118)
d) Estatuto de Territorios Especiales (art. 126 bis)

Finalmente, debemos indicar que las materias reguladas en el Capítulo XIV de la CPR, son básicamente las siguientes:
- Gobierno y Administración Regional
- Gobierno y Administración Provincial
- Administración Comunal
Adicionalmente, en virtud de la Reforma Constitucional introducida por la Ley Nº 20.163 de 2007, se establecen nuevos territorios especiales, lo que veremos más adelante.


Ÿ Gobierno y Administración Regional
(IMPORTANTE: ESTE PUNTO DEBE ACTUALIZARSE, SEGUN REFORMA CONSTITUCIONAL 20.390 DEL AÑO 2009)

1.- Esquema Orgánico

En la organización regional, deberá distinguirse entre el gobierno y la administración de cada Región:

a) El Gobierno de cada Región reside en el Intendente, el cual es un funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República. Ejercerá sus funciones de acuerdo a la ley y a las órdenes impartidas por el Presidente de la República (art. 111 inciso primero).
b) La Administración de cada Región, en tanto, es desarrollada por un “Gobierno Regional”, el cual tiene por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región. El Gobierno Regional está constituido por el Intendente y el Consejo Regional, goza de personalidad jurídica de derecho público y cuenta con patrimonio propio (art. 111 incisos segundo y tercero).

2.- El Consejo Regional

El Consejo Regional o “CORE” (que forma parte del “Gobierno Regional”) es un órgano normativo, resolutivo y fiscalizador dentro del Gobierno Regional, aprueba los planes de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto regional, es encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía y ejercer las demás atribuciones que establezca la LOC respectiva.
A partir de la reforma constitucional N° 20.390 de 2009, el Consejo Regional estará compuesto por consejeros elegidos por sufragio universal, en votación directa.
Los consejeros durarán 4 años en sus cargos, y podrán ser reelegidos indefinidamente. Sin embargo, cesarán también en su cargo, si durante el ejercicio de su mandato, perdieran algún requisito de eligibilidad o incurriere en alguna inhabilidad, incompatibilidad, incapacidad u otra causal establecida en la LOC respectiva.
Se encontrará presidido por el consejero que así sea elegido entre sus pares (antes de la reforma de 2009, lo presidía el Intendente), y durará cuatro años en su cargo, salvo que opere una causal de cesación de su calidad de consejero regional, por remoción acordada por los 2/3 de los consejeros, o por renuncia aprobada por la mayoría de éstos
La LOC respectiva tendrá que fijar: (a) las demás atribuciones del CORE, (b) el mecanismo de elección de los consejeros; (c) organización del CORE; (d) el número de consejeros; (e) la forma de reemplazo de los mismos (cuidando que quede representada tanto la población como el territorio de la respectiva región); (f) las funciones del presidente del CORE.
Los Senadores y Diputados respectivos podrán participar en las sesiones del consejo regional y tomar parte de sus debates, sin derecho a voto.
Desde el año 2009, el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos, “en carácter temporal o definitivo”, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativas, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural (art. 114). Será la LOC respectiva la que regule el procedimiento de transferencia de estas facultades.

2.- Principios Fundamentales

El Gobierno y Administración Regional es regido por el principio del Desarrollo territorial armónico y equitativo, el cual deberá ser aplicado por las leyes que regulen esta materia, estableciendo además, criterios de solidaridad entre las regiones.

3.- Financiamiento de los Gobiernos Regionales

Los Gobiernos Regionales contarán con un financiamiento diverso, compuesto por:
- Fondos asignados directamente en Ley de Presupuestos
- Afectación de determinados Tributos
- Fondo Nacional de Desarrollo Regional
- Gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional que contemplará la Ley de Presupuestos
- Recursos provenientes de convenios anuales o plurianuales entre el Gobierno, o sus Ministerios, o el Gobierno o Gobiernos Regionales asociados a tal propósito, o con Municipalidades.

Ÿ Gobierno y Administración Provincial

En cada provincia, existirá una Gobernación, que es un órgano territorialmente desconcentrado del Intendente. La Gobernación estará a cargo del Gobernador.
El Gobernador será nombrado y removido por el Presidente de la República. Las Funciones del Gobernador son:
a) Ejercer, de acuerdo a las instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos de la provincia.
b) Ejercer las funciones que, según la ley, pueda delegarle el Intendente.
c) Ejercer las demás funciones que señale la ley.
Los gobernadores, podrá designar delegados en una o más localidades, de la forma y en los casos que determine la ley.

Ÿ Administración Comunal

1.- Esquema Orgánico

De acuerdo al art. 118, inciso primero, la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo.
En la administración comunal, además, reviste principal importancia, la participación de la comunidad. Tanto es así que el inciso segundo de la misma decisión establece que la ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las actividades municipales.

2.- La Municipalidad

La Municipalidad es el órgano encargado de la administración local de cada comuna.
Está compuesta por el Alcalde como máxima autoridad y por el Concejo Municipal, y se caracterizan por ser corporaciones autónomas, de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, gozando de autonomía para la administración de sus finanzas.
Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.
Las facultades especiales de las Municipalidades son:

- Designar delegados en una o más localidades
- Formar asociaciones de municipalidades para cumplir sus fines propios
- Constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, para la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte.
- Establecer Unidades Vecinales, con el objeto de obtener un desarrollo equilibrado
- Asumir facultades delegadas por los servicios públicos y gobiernos regionales

3.- El Concejo Municipal

EI Concejo Municipal está integrado por concejales elegidos por sufragio universal, en conformidad a la LOC, los cuales durarán cuatro años en sus cargos, y pueden ser reelegidos indefinidamente.
El número de concejales que formarán cada Concejo será determinado por la LOC respectiva.
Sus funciones básicas son:
- Es el encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local,
- Ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras,
- Ejercerá las demás que indique la LOC respectiva.

4.- El Alcalde

Según el citado art. 118, el alcalde es la “Máxima Autoridad” de la Municipalidad
Sus Funciones principales son (art. 56 LOC):
§ Representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad
§ Ejercer la organización interna de la municipalidad
§ Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia
§ Administrar los bienes municipales y los nacionales de uso público, etc.

Su forma de elección, será determinada por Ley Orgánica Constitucional.

Ÿ Disposiciones Comunes

De conformidad a los arts. 123 a 126:

a) COORDINACIÓN MUNICIPAL: La ley establecerá fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios, con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre los municipios y los demás servicios públicos (art. 123)
b) REQUISITOS PARA ASUMIR CARGOS: Para ser designado intendente o gobernador y para ser elegido consejero regional, alcalde o concejal, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección (art. 124)
c) INCOMPATIBILIDADES: Los cargos de intendente, gobernador, consejero regional, alcalde y concejal son incompatibles entre sí. (art. 124)
d) FUERO ESPECIAL: Ningún intendente, gobernador o presidente del consejo regional, desde el día de su designación o elección, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema. En caso de ser arrestado algún intendente, gobernador o presidente de consejo regional por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, de la misma forma ya señalada. Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el intendente, gobernador o presidente del consejo regional imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. (art. 124).
e) ACUSACION CONSTITUCIONAL: Son susceptibles de acusación constitucional (art. 54 N° 2 letra e) los intendentes, gobernadores y la autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.

Ÿ Territorios Especiales

Como lo señaláramos precedentemente, la Ley Nº 20.193, de Reforma Constitucional, introdujo el nuevo art. 126 bis, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 126 bis.- Son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. El Gobierno y Administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas.".

Por su parte, la misma ley, agregó la vigésimosegunda disposición transitoria, la cual indica:
"Vigesimosegunda.- Mientras no entren en vigencia los estatutos especiales a que se refiere el artículo 126 bis, los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández continuarán rigiéndose por las normas comunes en materia de división político-administrativa y de gobierno y administración interior del Estado."

Según el mensaje presidencial, por el que ingresa el Proyecto de Reforma Constitucional en estudio, el Gobierno expresó en su oportunidad que el propósito es el establecimiento de una estructura de administración más eficiente, sobre todo en su relación directa con el Gobierno central, eximiéndola del diseño institucional tradicional. Los Estatutos Especiales podrán considerar normas que provoquen un reordenamiento de las instituciones públicas, que potencie al máximo la presencia de un fuerte aparato público desconcentrado.
Para diseñar la reforma, se tuvo en consideración los territorios especiales españoles de Ceuta y Melilla, y los Territorios Especiales de Ultramar franceses.

VIII. Reforma Constitucional
(Cuestiones Generales – Procedimiento de Reforma Constitucional)

Ÿ Cuestiones Generales

No debemos olvidar que las Constituciones Políticas, en general, pueden ser clasificadas, entre otros criterios, en Constituciones Flexibles y Constituciones Rígidas. Mientras las primeras pueden ser modificadas de acuerdo al procedimiento ordinario de formación de ley, las segundas exigen procedimientos especiales, más rigurosos.
Por otra parte, debemos indicar que las normas constitucionales pueden variar por dos vías: a través de reformas formales, o bien, por mutaciones que provienen de un cambio en la interpretación de las mismas.
El procedimiento de Reforma Constitucional regulado en el Capítulo XV de la Constitución de 1980, nos permite establecer lo siguiente:

a) que nuestra Constitución es rígida, ya que establece un procedimiento de reforma que si bien se basa en el procedimiento de formación de ley, algunas de sus etapas son diferentes (a pesar de esto, diremos que es de una rigidez relativa, ya que tales exigencias son perfectamente posibles de ser cumplidas por los órganos que forman parte del Constituyente derivado);
b) que el procedimiento que se regula, es el que corresponde al de reforma formal de la Constitución, dejando a salvo que el cambio en la interpretación de sus preceptos, provoque una verdadera mutación de la Carta Fundamental; y
c) que el hecho que el proceso de reforma esté regulado en la propia Constitución, es consecuencia del principio de Supremacía Constitucional, ya que si estuviese regulado en la ley, la estaríamos sometiendo a una norma de inferior jerarquía.

Ÿ Procedimiento de Reforma Constitucional

En este apartado, analizaremos los siguientes puntos: 1. Iniciativa; 2. Quórum de aprobación; 3. Regulación supletoria; 4. Actitudes del Presidente frente a un proyecto aprobado por el Congreso Nacional y 5. El plebiscito de Reforma Constitucional.

1.- La Iniciativa de Reforma Constitucional

Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65, o sea, se aplican las reglas ya estudiadas sobre:

- materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente, y
- proyectos que sólo podrán ingresar a cierta cámara como cámara de origen.

2.- Quórum de aprobación en cada Cámara

Según el art. 127 de la CPR, el proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.
Sin embargo, si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VII, XI, XII o XV, necesitará, en cada cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio. Recordemos:
- Capítulo I, Bases de la Institucionalidad.
- Capítulo III, Derechos y Deberes Constitucionales
- Capítulo VIII, Tribunal Constitucional
- Capítulo XI, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad
- Capítulo XII, Consejo de Seguridad Nacional
- Capítulo XV, Reforma de la Constitución

3.- Regulación Supletoria

La reforma Constitucional de 2005, introdujo el siguiente inciso tercero al art. 127 de la CPR: “En lo no previsto en este capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre los quórum señalados en el inciso anterior.”
De esta forma, se aplicará, en forma supletoria, las normas de los artículos 65 a 75 de la CPR, en todo lo no regulado en el Capítulo XV, respetando siempre los quóra exigidos por la propia Carta Fundamental.

4.- Actitud del Presidente de la República

Frente a un proyecto de reforma constitucional que ha sido aprobado por el Congreso Nacional, el Presidente de la República podrá asumir una de estas tres opciones:
1) Aprobarlo: en tal caso, deberá promulgarlo y publicarlo.
2) Rechazarlo: en este caso, las Cámaras podrán insistir por las 2/3 partes de sus miembros en ejercicio. Ante esto, el Presidente podrá
- Promulgar dicho proyecto
- Citar a Plebiscito
3) “Observarlo” parcialmente: De esta forma, las Cámaras podrán:
- Aprobar las observaciones por el quórum que corresponda
- No aprobarlas: no habrá reforma en estos puntos
- No aprobarlas e insistir por los 2/3. El Presidente podrá:
§ Promulgar el proyecto
§ Citar a Plebiscito

5.- Plebiscito de Reforma Constitucional

En caso de proceder, y si el Presidente lo estima, podrá convocar a Plebiscito de Reforma Constitucional, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la insistencia por parte de las Cámaras.
Esta convocatoria se formalizará a través de Decreto Supremo.
A su vez, el Plebiscito tendrá lugar no antes de 30 ni después de 60 días contados desde la publicación del Decreto Supremo.
El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el proyecto aprobado por el Congreso Pleno y vetado totalmente por el Presidente de la República, o las cuestiones del proyecto en las cuales el Congreso haya insistido. En este último caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada separadamente en el plebiscito.
El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) comunicará al Presidente de la República, el resultado del plebiscito y especificará el texto aprobado por la Ciudadanía
Finalmente, el texto fijado por el Tribunal Calficador, deberá ser promulgado dentro de los 5 días siguientes a su comunicación

08 - ESTADOS DE EXCEPCION CONSTITUCIONAL


VIII UNIDAD
LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL

(Prof. Hugo Tórtora Aravena)


SUMARIO: I. Aspectos Generales; II. Los Estados de Excepción en particular

I. Aspectos Personales
(Concepto – Características –
Fuentes Formales – La Reforma Constitucional de 2005)


Ÿ Concepto de Estados de Excepción Constitucional

Según los autores Mario Verdugo y Emilio Pfeffer, el Estado es un “cuerpo político”. Otro cuerpo, el cuerpo humano, suele enfermarse y sufrir anormalidades, que requieren atención y toma de medidas. Así también, un Estado puede entrar en anormalidades, que requieren de solución y atención. Por ese motivo, se reconoce la necesidad de establecer los Estados de Excepción Constitucional, como medidas paliativas a estas situaciones graves.
Las primeras manifestaciones históricas de los Estados de Excepción, las encontramos en la República Romana, cuando el Cónsul, a petición del Senado, designaba a un Dictador para resolver las dificultades graves que pudiesen suscitarse en alguna zona determinada. Esta figura en ningún caso autorizaba a modificar ni las leyes, ni lo que pudiésemos llamar “la Constitución romana”, sino que por un lapso de seis meses, este dictador debía retornar la normalidad al lugar, para luego como cuestión de honor debía devolver inmediatamente el poder a aquél que se lo hubiere delegado.
En Chile, ya en el Reglamento Constitucional de 1812, se establecía que se podían suspender las reglas invariables establecidas en dicho cuerpo normativo, “en caso de importar a la salud de la Patria amenazada”.
Sólo a partir de la Constitución de 1980, los Estados de Excepción son tratados en un título especial, en este caso, que forma parte del Capítulo IV de la Carta Fundamental: del “Gobierno”.
Los Estados de Excepción constituyen, por esencia, regímenes normativos transitorios, y que permiten, en razón de circunstancias extraordinarias, la suspensión o restricción proporcional de determinadas garantías, mientras dure la situación que les dio origen, y con el único objeto de devolver la normalidad quebrantada ésta.
Por este motivo, los estados de excepción pueden ser definidos a través del siguiente concepto: “Es aquel derecho constitucional que corresponde regir, transitoriamente, en una situación de anormalidad que la propia constitución prevé a través de las situaciones de excepción, y que trae como necesaria consecuencia jurídica la suspensión y/o restricción del ejercicio de determinados derechos de las personas”

Ÿ Características de los Estados de Excepción Constitucional

Dentro de las características de los Estados de Excepción Constitucional podemos destacar las siguientes:

1. Representan limitaciones excepcionales a los derechos fundamentales. Se dicen que son excepcionales (o “extraordinarias”), por cuanto no corresponden a las limitaciones normales que pueden reconocerse en cada uno de ellos, según lo que dispone cada numeral del art. 19 de la CPR
2. Son esencialmente temporales y transitorios, que se explican y justifican por la existencia de una circunstancia extraordinaria que hace necesaria la adopción de medidas especiales. De este modo, de vuelta a la normalidad, debe extinguirse el régimen especial que se haya decretado. Por ese motivo, el inciso final del artículo 44 de la CPR dispone que “las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos”
3. Son taxativos: sólo pueden decretarse los Estados de Excepción expresamente reconocidos por la Constitución Política: Estados de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia (art. 39 CPR)
4. Constituyen atribuciones exclusivas del Presidente de la República, aun cuando para ciertos casos requiera de acuerdo del Congreso. Se trata, por tanto, de facultades discrecionales (aun cuando ello no significa que sean arbitrarias) establecidas en beneficio del Jefe de Estado. Ello se comprueba, por cuanto los Tribunales de Justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho que justificaron la declaración de Estado de Excepción, sino sólo podrán revisar las medidas que se adopten en virtud de éstos (art. 45 CPR). A pesar de ello, podrán revisar que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el art. 39 de la CPR, por lo que podrán actuar: (a) cuando el Presidente decrete un estado no contemplado en dicha norma; (b) cuando utilizando un fundamento propio para decretar un estado de excepción determinado, decreta otro distinto; o (c) cuando decreta un estado de excepción sin fundamento alguno.
5. Las requisiciones de bienes que se practiquen, así como las limitaciones al derecho de propiedad que signifiquen privación de los atributos esenciales del dominio, causando daño al particular, darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley (art. 45 CPR). La acción indemnizatoria prescribirá dentro del plazo de un año contado desde la fecha de cese del estado de excepción (art. 1º de la LOC 18.415 sobre Estados de Excepción).
6. A contar de la reforma constitucional de 2005, se permite el ejercicio de las acciones constitucionales y la posibilidad que los Tribunales decreten medidas suspensivas (órdenes de no innovar), ya que han ido desapareciendo las restricciones anteriormente fijadas en la Constitución. Efectivamente, la redacción original de la Carta Fundamental disponía que la acción de amparo no procedía en estados de asamblea y sitio, en virtud de medidas adoptadas por la autoridad competente y con sujeción a la Constitución y las leyes; tampoco procedía el recurso de protección bajo ningún estado de excepción en contra de decisiones de la autoridad. La reforma de 1989, amplió la posibilidad de estas acciones, pero impedía que se suspendieran los efectos de las medidas decretadas, sin perjuicio de lo que se resolviera en definitiva, por lo que no se permitía decretar órdenes de no innovar.

Ÿ Fuentes formales de los Estados de Excepción Constitucional

Los Estados de Excepción Constitucional se encuentran regulados principalmente en tres tipos de Fuentes Formales: fuentes constitucionales, legales e internacionales.

1. Fuentes Constitucionales. Los Estados de Excepción están normados en el título denominado “Estados de Excepción Constitucional”, perteneciente al Capítulo IV “Gobierno”, arts. 39 a 45 de la Constitución Política.
2. Fuentes Legales. Por así ordenarlo el art. 44 de la CPR, los estados de excepción serán regulados por ley orgánica constitucional. Esta ley corresponde a la LOC 18.415, de fecha 14 de Junio de 1985.
3. Fuentes Internacionales. En este punto, destaca el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual dispone que en caso de emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones (1) no sean incompatibles con las demás disposiciones del derecho internacionales, (2) ni entrañen alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u otro origen social. A su vez, señala que determinados derechos no podrán ser suspendidos (derechos: al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la proscripción de la esclavitud y servidumbre, al cumplimiento de la legalidad e irretroactividad penal, a la libertad de conciencia y religión, a la protección de la familia, a la protección del nombre, a la nacionalidad, políticos, y a las garantías judiciales indispensables para la protección de derechos; tampoco podrán suspenderse los derechos del Niño). Por último, se establece la obligación que los Estados para que éstos comuniquen a los demás Estados parte, por intermedio del Secretario General de la OEA, de la declaración respectiva de estado de excepción, así como de las disposiciones que suspenderá, de los motivos de las mismas y de la fecha en que haya dado por terminadas las suspensiones.

Ÿ De las modificaciones introducidas por la Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050 de 2005

El párrafo correspondiente a los Estados de Excepción fue rotundamente modificado por la última Reforma Constitucional del año 2005.
En lo meramente formal, esta materia que originalmente se encontraba regulada en apenas 3 artículos (39, 40 y 41 de la CPR), pasó a serlo en 7 a contar de la reforma (arts. 39 a 45), lo cual, además, trajo como consecuencia que se alterara la numeración de todas las disposiciones constitucionales posteriores a éstas.
Pero en lo sustantivo, debemos destacar las siguientes modificaciones:
1. Se excluye toda participación en la declaración de los Estados de Excepción, del Consejo de Seguridad Nacional, trasladándose muchas de sus competencias al Congreso Nacional.
2. Se reducen notablemente los plazos de duración de los diferentes Estados: por regla general, podían ser decretados hasta por 90 días, pero en la actualidad, sólo por 15 días, y en caso de renovaciones, el Congreso tiene facultades de control.
3. Disminuyen los derechos que pueden ser suspendidos o restringidos, así como la gravedad de las medidas que pueden adoptarse respecto de éstos. Así por ejemplo, bajo ningún régimen podrá afectarse la libertad de expresión, el derecho de sindicación. Tampoco podrán trasladarse a las personas de un punto a otro del territorio nacional, como se autorizaba en los estados de sitio.
4. Se facilita la interposición de recursos de amparo y protección, así como de solicitud de órdenes de no innovar.

II. Los Estados de Excepción en particular
(Estado de Asamblea – Estado de Sitio –
Estado de Catástrofe – Estado de Emergencia)

Ÿ Estado de Asamblea (art. 40 CPR)

1.- Causal que permite su declaración
Corresponde a una situación de “Guerra Exterior”. Por guerra exterior, no sólo se entenderá aquella situación que derive de una declaración formal de guerra, sino que toda situación que de hecho signifique guerra o, incluso, cuando exista una movilización de tropas.

2.- Declaración
El Estado de Asamblea lo declara el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional. En el pronunciamiento del Parlamento, éste sólo podrá aceptar o rechazar la propuesta presidencial pero no podrá introducirle modificaciones a la misma.
Para dar esta autorización, el Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro de un plazo de 5 días desde que el Presidente pida su declaración. En caso de que no se pronuncie dentro de este plazo, se entenderá que acepta dicha propuesta.
Por otra parte, mientras el Congreso no emita su opinión, y estando dentro del plazo constitucional antes señalado, el Presidente podrá aplicar de inmediato el estado de asamblea, pero en esta situación, esta declaración sí será objeto de revisión de los tribunales de justicia.

3.- Duración
El estado de asamblea podrá ser mantenido, mientras dure la situación de Guerra Exterior. El presidente podrá disponer su suspensión con anterioridad.

4.- Efectos
Durante la Asamblea, el Presidente podrá suspender o restringir determinados derechos. Dejamos constancia, que para efectos de todos los estados de excepción, el artículo 12 de la LOC 18.415 establece que “Se suspende una garantía constitucional cuando temporalmente se impide del todo su ejercicio durante la videncia de un estado de excepción constitucional. Asimismo, entiéndase que se restringe una garantía constitucional cuando durante la vigencia de un estado de excepción, se limita su ejercicio en el fondo o la forma.”
Bajo este régimen, el Presidente de la República podrá:
(a) suspender o restringir la libertad personal
(b) suspender o restringir el derecho de reunión
(c) suspender o restringir la libertad de trabajo
(d) restringir el derecho de asociación
(e) interceptar y registrar comunicaciones
(f) requisar bienes
(g) establecer limitaciones a la propiedad

Ÿ Estado de Sitio (art. 40 CPR)

1.- Causal que permite su declaración
Corresponde a una situación de “Guerra Interna o Grave Conmoción Interior”.

2.- Declaración
El Estado de Asamblea lo declara el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional. Se aplican las mismas reglas explicadas para el Estado de Asamblea.
Sin embargo, el Presidente de la República podrá aplicar el estado de asamblea o de sitio de inmediato mientras el Congreso se pronuncia sobre la declaración, pero en este último estado sólo podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión. Las medidas que adopte el Presidente de la República en tanto no se reúna el Congreso Nacional, podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia, sin que sea aplicable, entre tanto, lo dispuesto en el artículo 45.

3.- Duración
El estado de sitio podrá hacerse sólo por un plazo de 15 días, pero el Presidente podrá solicitar su prórroga al Congreso Nacional.

4.- Efectos
En el Estado de Sitio, el Presidente podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá, además, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión.

Ÿ Estado de Catástrofe (art. 41 CPR)

1.- Causal que permite su declaración
Procederá este Estado, sólo bajo “Calamidad Pública”

2.- Declaración
Lo declarará el Presidente de la República, indicando la zona afectada por el mismo.
Las medidas que adopte el Presidente deberán ser informadas al Congreso Nacional.
Sin embargo, si el estado de catástrofe se extendiera por más de un año, requerirá del acuerdo del Congreso Nacional. Este acuerdo se tramitará bajo los plazos y procedimientos propios del Estado de Asamblea.

3.- Duración
El Estado de Catástrofe durará mientras dure la Calamidad Pública que lo justifique, para lo cual será el Presidente quien hará dicha calificación.
Excepción: el Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración, trascurridos 180 días desde ésta, si las razones que la hubieren motivado hubieran cesado en forma absoluta.

4.- Efectos
Declarado el Estado de Catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción, con las atribuciones y deberes que la ley señale.
Además, el Presidente de la República podrá:
(a) Restringir la libertad de reunión
(b) restringir la libertad de locomoción
(c) disponer requisiciones de bienes
(d) establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad
(e) adoptar las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

Ÿ Estado de Emergencia (art. 42 CPR)

1.- Causal que permite su declaración
Podrá declararse por “grave alteración del orden público” o “por grave daño para la seguridad de la Nación”.

2.- Declaración
Lo declarará el Presidente de la República, y deberá indicar la zona afectada por el mismo.
Las medidas que adopte el Presidente también deberán ser informadas al Congreso Nacional.

3.- Duración
El Estado de Emergencia no podrá extenderse por más de 15 días, pero el Presidente de la República podrá prorrogarlo por igual período.
Sin embargo, para sucesivas prórrogas requerirá acuerdo del Congreso. Este acuerdo estará sometido a los mismos plazos y procedimientos que los estudiados a propósito del Estado de Asamblea.

4.- Efectos
Declarado el Estado de Emergencia, las zonas respectivas también quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional quien asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción, con las atribuciones y deberes que la ley señale.
Además, el Presidente de la República podrá:
(a) restringir la libertad de reunión
(b) restringir la libertad de locomoción

07 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


VII UNIDAD
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

(Prof: Hugo Tórtora Aravena)
OBSERVACION PREVIA: Por su especial trascendencia, más adelante publicaremos una serie de apuntes específicos, relativos al TC chileno.

SUMARIO: I. Introducción; II. Aspectos Orgánicos; III; Control de Constitucionalidad; IV. Las Sentencias del Tribunal Constitucional

I. Introducción
(Concepto – Funciones Básicas)

Ÿ Concepto

El Tribunal Constitucional es sin lugar a duda uno de los órganos más importantes en un Estado de Derecho, caracterizado entre otros principios por el de Supremacía Constitucional, según lo estudiado anteriormente.
En este contexto, el Tribunal Constitucional puede ser definido de distintas formas.
Así por ejemplo, el profesor Humberto Nogueira, lo define como “Órganos Supremos Constitucionales de única instancia, de carácter permanente, independientes e imparciales, que tienen por función esencial y exclusiva la interpretación y defensa jurisdiccional de la Constitución, a través de procedimientos contenciosos constitucionales referentes como núcleo esencial a la constitucionalidad de normas infraconstitucionales y la distribución vertical y horizontal del poder estatal, agregándose generalmente la protección extraordinaria de los derechos fundamentales, que actúan en base a razonamiento jurídicos y cuyas sentencias tienen valor de cosa juzgada, pudiendo expulsar del ordenamiento jurídico las normas consideradas inconstitucionales”.
Louis Favoreau señala que “un tribunal constitucional es una jurisdicción creada para conocer especial y exclusivamente de lo contencioso constitucional, situada fuera del aparato jurisdiccional ordinario e independiente tanto de este como de los poderes públicos”.
No obstante el peso académico de las definiciones antes expuestas, intentaremos trabajar con un concepto algo más simple, centrado esencialmente en las características y funciones básicas del Tribunal constitucional.
En este sentido, entenderemos por Tribunal Constitucional: “el órgano autónomo, de origen y competencia constitucional, cuya función principal es ejercer el control de constitucionalidad de los preceptos legales, y de ejercer las demás funciones conservadoras e institucionales que no sean de competencia de los Tribunales pertenecientes al Poder Judicial”.

A partir de este concepto, podemos concluir lo siguiente:
(a) El Tribunal Constitucional siempre es uno sólo. No es posible concebir una multiplicidad de órganos de esta clase al interior de un Estado.
(b) El Tribunal Constitucional es un Órgano del Estado, por lo tanto goza de las mismas prerrogativas y está sujeto a los mismos deberes que los demás componentes del Estado.
(c) Es un órgano de origen constitucional ya que se encuentra regulado directamente en la Carta Fundamental, en el capítulo VIII (artículos 92 a 94).
(d) Es un órgano de competencia constitucional, ya que su atribución esencial es la de defender la supremacía de la Constitución, asignándosele a su vez estas funciones en el mismo Código Político.
(e) Su función principal es ejercer el control de constitucionalidad de los preceptos legales, el que es desarrollado a través de los distintos mecanismos que estudiaremos a continuación.
(f) Además, le compete ejercitar las demás funciones conservadoras e institucionales que la Constitución le asigne. Así, conocerá de las ciertas contiendas de competencia, de inhabilidades e incompatibilidades de algunos servidores públicos, y en algunos países, de acciones constitucionales protectoras de derechos. Al respecto, recordemos que las Funciones Conservadoras no se refieren solo a la protección de los Derechos Fundamentales, sino que también al resguardo por los límites funcionales de cada órgano, lo cual también será de competencia del Tribunal Constitucional.

Ÿ Funciones Básicas

El Tribunal Constitucional Chileno, a la luz de lo dispuesto en el artículo 93 de la CPR, cuenta con las siguientes funciones básicas:

1.- Ejercer el control de constitucionalidad de los preceptos legales y otras normas infraconstitucionales.
Sin perjuicio de las facultades que la Carta Fundamental reconoce en otros órganos del Estado (como la Contraloría General de la República o el propio Poder Judicial), el Tribunal Constitucional es el principal organismo encargado de realizar este control de constitucionalidad.
Esta función se desarrolla a través de las vías que estudiaremos más adelante.

2.-Conocer de determinadas inhabilidades e incompatibilidades de ciertos funcionarios públicos.
Es el caso de:
(a) Ministros de Estado (art. 93 Nº 13 CPR)
(b) Diputados y Senadores (art. 93 Nº 14 y 15 CPR)
Además, deberá informar al Senado, cuando éste declare la inhabilidad del Presidente de la Republica o del Presidente electo (art. 93 Nº 11, en conexión con el art. 53 Nº 7, ambos de la CPR).

3.- Resolver determinadas cuestiones de competencia.
Esta función se encuentra consagrada en el art. 93 Nº 12 de la CPR, y se refiere a las “contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los Tribunales de Justicia, que no correspondan al Senado”, norma que debe ser concordada con la del art. 53 Nº 3 de la CPR.

4.- Asumir las demás competencias que reconozca el propio texto fundamental.

Dentro de éstas, destacamos:

(a) La declaración de inconstitucionalidad de una convocatoria a plebiscito (art. 93 Nº 5 CPR).
(b) Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda (art. 93 Nº 8 de la CPR), norma que debe concordarse con la del art. 75 del Código Político.
(c) Declarar la inconstitucionalidad de organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas involucradas (art. 93 Nº 10 de la CPR).

II. Aspectos Orgánicos
(Principios Inspiradores – Antecedentes Históricos – Situación Actual)

Ÿ Principios Inspiradores

Más allá de las funciones que se le asigne al Tribunal Constitucional, no es indiferente la composición del mismo, la cual debe atender a determinados principios básicos que servirán como directrices fundamentales para fijar los criterios conforme a los cuales se estructurará este órgano.
Así, podemos establecer como elementos fundamentales en lo que a composición del Tribunal Constitucional se refiere, los siguientes:

1.- La Independencia del Tribunal Constitucional

No debemos olvidar que el Tribunal Constitucional, ante todo es un Tribunal, y como tal debe obedecer al principio de Independencia, base fundamental de esta clase de instituciones, los cuales no pueden ser calificados de tales si carecen de la debida autonomía.
En otras palabras, un Tribunal que no es independiente, derechamente no es un Tribunal, sino sólo una mera apariencia de Tribunal.
Esta independencia se forma, por ejemplo a través de un adecuado sistema de elección e sus integrantes, donde participen dentro de los posible todos los poderes del Estado.
También, favorece a la independencia, la inmovilidad de sus miembros, durante el período en que les corresponda ejercer el cargo, sin que se encuentren a merced de mecanismos de destitución impulsados por los entes a quienes su labor controla.

2.- La Imparcialidad de sus integrantes

Así como del órgano jurisdiccional debe predicarse su independencia, de sus titulares o integrantes deberá esperarse la debida imparcialidad, entendida ésta como “el desinterés objetivo sin intereses comprometidos en la resolución del conflicto” (H. Nogueira)
El método de designación de los jueces constitucionales deberá tomar en consideración el debido respeto por el principio de imparcialidad de sus integrantes. Además, los ministros del Tribunal no podrán actuar en defensa de sus intereses particulares, sino que siempre de los generales de la Nación.

3.- La colegialidad del Tribunal Constitucional

Entendemos que es de la esencia también de todo Tribunal Constitucional, el hecho que éste sea un órgano colegiado, donde el diálogo y el debate en los asuntos constitucionales se den en aras de un consenso que logre legitimar las decisiones que se adopten.
En este sentido, y considerando además que sus sentencias no son apelables, se vuelve imprescindible que esté integrado por un número plural de magistrados, los cuales puedan expresar sus diferentes visiones e interpretaciones de los hechos y las normas, promoviendo además, la posibilidad de dejar constancia de sus análisis minoritarios o complementarios, mediante los votos disidentes o concurrentes que enriquecen la lectura del Texto Fundamental.
En cuanto al número mismo de integrantes, en verdad es una cuestión que cada ordenamiento debe definir, siendo recomendable siempre una formación impar. De todos modos, la cantidad de magistrados dependerá, finalmente, de las atribuciones que se le asignen, por lo que un Tribunal con competencias abundantes deberá contar además con un cuerpo mayor de miembros, que le permita hacer frente con suficiente dedicación a cada una de estas atribuciones.

4.- La idoneidad de sus integrantes

La trascendental relevancia de los fallos de este Tribunal, máximo intérprete de la Norma Fundamental lleva a concluir que ellos forman parte del elenco de fuentes formales del Derecho Constitucional, para algunos autores, en calidad de “fuentes directas” y “de rango constitucional” (H. Nogueira, en “Dogmática Constitucional”), mientras que para otros, como “fuentes indirectas” (J.L. Cea en “Derecho Constitucional Chileno”).
Por lo mismo, y por el rol clave que juega el Tribunal Constitucional dentro de la vida jurídico-política del país, como máximo intérprete de la Carta Fundamental, es que los jueces que lo formen deben contar con la capacidad suficiente para poder resolver, con suficientes herramientas técnicas, los diferentes asuntos sometidos a la decisión del Tribunal.
Creemos que, como punto de partida, y como el más básico de los presupuestos ha de ser que los integrantes de este órgano sean letrados, vale decir, abogados, con cierta antigüedad en el ejercicio de la profesión, ya sea en el ejercicio libre de la profesión, en la docencia o la magistratura.
Sin embargo, parece del todo conveniente que a este supuesto esencial puedan agregarse otros, ya sea formalmente en el texto constitucional o, al menos, como criterio que usen quienes deben hacer las designaciones de los ministros del TC

5.- La mixtura en la integración del Tribunal Constitucional

A su vez, no debemos olvidar que las labores propias del Tribunal Constitucional tienen un doble carácter, uno eminentemente jurídico y otro de carácter político o institucional.
Esto se expresa tanto en la asignación de competencias específicas en cada una de estas ramas, como además, en la comprensión que cada decisión jurídica que adopte este órgano, traerá consecuencias políticas concretas para la Nación.
Y esto se debe, naturalmente, al hecho que “el material” con el que se trabaja tiene esta doble característica, por cuanto la Constitución es a la vez, un documento jurídico y político (“Nunca olvidar que la Constitución es el más jurídico de los textos políticos y el más político de los textos jurídicos, realzando así que el intérprete tiene que asumir ambas dimensiones y no restringirse a una concepción jurídica, menos formal o positivistamente entendida, como tampoco a la pura fenomenología del Poder, hoy ilustrada con la moda de lo políticamente correcto.”, José Luis Cea), y diríamos también “cultural” ya que debe ser expresión del sentir del Pueblo que le dio origen.
En este sentido, la composición del Tribunal Constitucional debe ser de carácter mixta, integrado por jueces que, cumpliendo con los requisitos de idoneidad antes expuestos, provengan tanto del mundo jurídico propiamente tal como del mundo político. De este modo, habrá mayores probabilidades que las decisiones que se adopten sean a la vez, valientes pero prudentes, que defiendan con decisión el principio de supremacía constitucional, por el debido cuidado por mantener la estabilidad política y la paz social.

6.- La legitimidad en la composición del Tribunal Constitucional

Tanto la legitimidad, como la auctoritas del órgano analizado proviene sin perjuicio de aquélla que proviene en forma natural del prestigio que pueda haberse ganado el Tribunal por un historial de defensa de los valores constitucionales, nace en su origen por el hecho que sus miembros sean designados por autoridades políticas de elección popular.
Y es que los magistrados constitucionales no son elegidos democráticamente, pero sus decisiones tienen una trascendencia total, lo que justifica el mayor cuidado al momento de definir quiénes y de qué forma tendrán la atribución para designar a sus miembros.
En este sentido, creemos sin embargo, que no es obstáculo a este principio, el que algunos jueces sean nombrados por el Poder Judicial, el que de por sí goza del respeto de la ciudadanía. Pero a su vez, no era razonable, que en plena democracia, algunos de los ministros del Tribunal Constitucional fuesen designados por el Consejo de Seguridad Nacional, institución fundamental para la defensa nacional, pero de nula capacidad de representatividad popular.

Ÿ Antecedentes Históricos

1.- Origen Histórico

El Tribunal Constitucional Chileno aparece históricamente a partir de la ley de Reforma Constitucional Nº 17.284 de 1970, que modificó la Constitución Política de 1925, incorporando este nuevo órgano, con las funciones que dicha carta estableció.
Esta reforma, sin embargo, entró en vigencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la misma ley, el día 4 de Noviembre del mismo año, comenzando en definitiva, sus funciones en septiembre de 1971.
El día 5 de Noviembre de 1973, la Junta de Gobierno acuerda disolver el Tribunal Constitucional. Para ello, argumentó que, al haberse disuelto el Congreso Nacional, y en atención a que la función primordial del Tribunal Constitucional era resolver los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, “la existencia del Tribunal Constitucional es innecesaria”, por lo cual además, se estableció que cesaban en sus funciones los actuales miembros a contar de esa misma fecha.
El Tribunal original, incorporado por la reforma constitucional del año 1970, se encontraba integrado por cinco miembros, los cuales durarían cuatro años en sus cargos, con posibilidad de reelección, y que eran designados:
- tres, por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado; y
- dos por la Corte Suprema, de entre sus miembros, elegidos por ésta en una sola votación secreta y unipersonal.

2.- Constitución de 1980

Luego de un largo receso de casi ocho años, en 1981 vuelve a entrar en funcionamiento el Tribunal Constitucional, cuya regulación orgánica básica se encontraba en el artículo 81 de la Carta Fundamental.
Este nuevo Tribunal se encontraba formado por siete miembros, los cuales duraban ocho años, y con posibilidades de reelección.
Estos ministros eran designados:
- tres, por la Corte Suprema, de entre sus ministros, elegidos por ésta, por votaciones sucesivas y secretas;
- uno por el Presidente de la República;
- dos por el Consejo de Seguridad Nacional; y
- uno por el Senado, por mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio (antes de la instalación del Senado, en 1990, esta designación era realizada por la Junta de Gobierno, 23ª Disposición Transitoria)
La planta, remuneraciones y estatuto del personal del Tribunal Constitucional, así como su organización y funcionamiento, serían determinados por Ley Orgánica Constitucional.
Dicha norma corresponde a la Ley Orgánica Constitucional Nº 17.997, del año 1981, mencionada anteriormente, modificada en 2009, por la LOC 20.381.
Además, a pesar de no tener sustento constitucional (pero sí en la LOC), este Tribunal generó diversos autos acordados referidos a asuntos procesales y administrativos.

3.- Necesidad de una nueva reforma

Si bien la regulación constitucional del Tribunal, establecida en la Carta de 1980, significó en muchos aspectos, un avance relevante en lo que se refiere al cumplimiento de los principios antes enunciados, relativos a la correcta composición del Tribunal Constitucional, no pueden ignorarse una gran cantidad de deficiencias que hacían urgente una modificación a dicha normativa.
Algunos de estos defectos, se arrastraban desde el texto constitucional anterior, otros, se incorporaron directamente en la Carta del ’80. Así, las principales críticas a dicha conformación podrían resumirse en:

a) Existía simultaneidad de funciones en lo que se refiere a los Ministros del Tribunal Constitucional designados por la Corte Suprema, quienes, asumían como jueces de ambas instituciones.
b) Designaba dos de nueve jueces, el Consejo de Seguridad Nacional, órgano cuyo sentido real debiera haber sido, desde siempre, el de asesorar a los demás órganos del Estado, especialmente al Presidente de la República, en materias de la Defensa y Seguridad del país.
c) La designación de los tres miembros hecha por la Corte Suprema, se realizaba en votaciones sucesivas y secretas. Al ser sucesivas, provocaba que una misma tendencia o ideología al interior de ella, sin posibilidad que se vieran manifestadas las diferentes posiciones en la elección de estos tres jueces.
d) Tal como lo indica el profesor Lautaro Ríos, se produce una asimetría del poder en la designación de los magistrados constitucionales. Así, el Congreso Nacional, órgano que puede hacerse parte en los procesos que tengan lugar en el TC, sólo designaba un ministro; mientras que el Consejo de Seguridad Nacional, quien no podía hacerse parte, designaba dos. A su vez, el Presidente de la República además de designar directamente un ministro, también participa del COSENA, presidiéndolo, el cual designaba otros dos.

Muchas de estas deficiencias fueron subsanadas por la Reforma Constitucional de 2005 (Ley Nº 20.050), según lo veremos a continuación.

Ÿ Situación actual

1.- Número e Integrantes del TC (2005):

De conformidad con el actual artículo 92 de la Constitución Política, el Tribunal Constitucional se compone de diez miembros, designados de la siguiente forma:
- tres, designados por el Presidente de la República,
- cuatro elegidos por el Congreso Nacional. Dos nombrados por el Senado directamente, y dos previa propuesta de la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. Cada votación se realizará en votaciones únicas y requerirán del voto favorable de los dos tercios de los parlamentarios en ejercicio, y
- tres elegidos por la Corte Suprema, en una sola votación secreta que se celebrará en una sesión especialmente convocada al efecto.
De entre los miembros, deberá elegirse al Presidente del Tribunal por la mayoría simple de sus integrantes, el cual durará en su cargo por dos años, y solo podrá ser reelegido por el período siguiente (art. 5º de la LOC del TC)
Además, cada tres años, el Presidente de la República, con acuerdo del Senado elegirá dos Ministros suplentes, sobre la base de una nómina de siete nombres propuestos por el propio Tribunal Constitucional. Los suplentes subrogarán a los titulares cuando éstos no puedan integrar sala o comisión; pero sólo cuando en caso que no alcance el quórum suficiente para sesionar (art. 15 de la LOC del TC)

2.- Duración y posibilidad de reelección (2005):

Los miembros del Tribunal durarán nueve años en sus cargos, se renovarán por parcialidades cada tres, y no podrán ser reelegidos salvo los que hayan asumido como reemplazantes y que hubieren ejercido el cargo por un período menor a cinco años.

3.- Requisitos para ser designado Ministro del TC (2005):

Los Ministros del Tribunal deberán:
- tener a lo menos quince años de título de abogado,
- haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, y
- no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez.

4.- Incompatibilidades (2005):

A los miembros del Tribunal Constitucional, se les aplicarán las incompatibilidades establecidas para los parlamentarios, por aplicación del artículo 58 (art. 92 inciso segundo CPR)

5.- Incapacidades (2005):

También les son aplicables las incapacidades que existen respecto de los senadores y diputados, por aplicación del artículo 59 de la Constitución (art. 92 inciso segundo CPR).
Además, no podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura (art. 92 inciso segundo CPR).
Tampoco podrán, por sí o por interpósita persona, celebrar o caucionar contratos con el Estado, ni actuar como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio contra el Fisco, o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. No podrán aceptar ser director de banco o sociedad anónima, ni ejercer cargos de similar importancia en estas actividades (art. 60 inciso segundo y tercero del art. 60, por aplicación del inciso tercero del art. 92 CPR).

6.- Causales de Cesación del cargo (2005):

Los ministros del Tribunal Constitucional serán inamovibles. Sin embargo, sus cargos cesarán por:
- cumplir 75 años de edad,
- asumir alguna de las actividades señaladas en el inciso segundo del art. 60 CPR, por aplicación del inciso tercero del mismo artículo y del 92 inciso tercero CPR).

Además, el art. 13 de la LOC del TC, cesarán por renuncia aceptada por el Tribunal y, naturalmente por expiración del plazo para su nombramiento.


7.- Funcionamiento (2005):

El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas. En el primer caso, el quórum para sesiona será de, a lo menos, ocho miembros, y en el segundo de, a lo menos, cuatro.
El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará conforme a derecho (ej: 93 Nº 7 CPR).
La Constitución indica las materias que necesariamente deberán ser conocidas por el pleno (art. 92 inciso 5º de la CPR). Las demás funciones las desarrollará en pleno o en sala, según lo determina la LOC del Tribunal Constitucional (arts. 25 C Y 25 D de la LOC del TC).
En general, la regla que se puede advertir, interpretando armónicamente las normas constitucionales y legales, es que todas las resoluciones de fondo son conocidas por el Pleno, salvo las contiendas de competencia. Las resoluciones de mera tramitación, como las admisibilidades que no correspondan al pleno, las suspensiones del procedimiento, y todas las demás de similar naturaleza, serán conocidas por las Salas.

8.- Regulación supletoria (2005):

De acuerdo al inciso final del artículo 92 de la Carta Fundamental, corresponderá a una ley orgánica constitucional, determinar su organización, funcionamiento, procedimiento, la que además fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal.
Esa Ley corresponde a la N° 17.997 de 1981, modificada por la Ley 20.381 de 2009.

III. Control de Constitucionalidad en el Tribunal Constitucional

(Aspectos Generales –Control de Constitucionalidad de Preceptos Legales – Control de Constitucionalidad de Auto Acordados – Control de Constitucionalidad de Actos Administrativos)

Ÿ Aspectos Generales

Sin duda alguna, la función más importante del Tribunal Constitucional consiste en ejercer el control de constitucionalidad de algunas normas infraconstituconales.
Este control puede definirse como: “el examen que realiza de una determinada norma, o proyecto de tal, el órgano competente, en relación con una Constitución, tanto en su contenido como en su formación”.
En teoría, este control puede realizarse en dos niveles, por lo que es adecuado distinguir entre:

1.- Control de constitucionalidad Preventivo (también llamado “ex – ante” o “a priori”). Es aquel que se realiza antes que la norma examinada entre en vigencia, por lo que se analiza en rigor, un proyecto de ley o de otro precepto. Procede, por ejemplo, en el caso de una ley, antes que sea promulgada y publicada. Puede a su vez, ser:

(a) Obligatorio. Corresponde a la situación que experimenten determinadas normas que, por mandato constitucional, deben pasar por este control preventivo.

(b) Eventual. Es aquel que sólo se realiza a petición de algún sujeto legitimado para ello.

2.- Control de Constitucionalidad Represivo (también conocido como “ex – post” o “a posteriori”). Es aquel que se realiza una vez que la norma ya ha entrado en vigencia. En el caso de la ley, una vez que ella ha sido promulgada y publicada. El control represivo, por su parte, puede ser:

(a) Concreto. Es aquel que mide el grado de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la aplicación de una norma en un caso específico. Tiene efectos particulares (por regla general), y puede ocasionar la inaplicabilidad de dicha norma para el caso concreto.

(b) Abstracto. Es aquel que se realiza analizando, en forma ideal, lo preceptuado por la Constitución, y el contenido o la forma de la norma analizada. A diferencia del caso anterior de demostrarse la inconstitucionalidad, esta declaración tiene efectos generales, y se debe decretar su expulsión del ordenamiento jurídico respectivo.

De acuerdo al artículo 93 de la Carta fundamental, el control de constitucionalidad que compete al órgano en análisis, se desarrolla en tres niveles diferentes, a saber:

i. Control de constitucionalidad de Preceptos Legales

ii. Control de constitucionalidad de Auto Acordados

iii. Control de constitucionalidad de Actos Administrativos

Ÿ Control de Constitucionalidad de Preceptos Legales

Recordemos que, según lo estudiado, debemos entender por preceptos legales:”toda norma de carácter general y obligatoria, que regula materias propias de ley, y que se encuentra ubicada jerárquicamente en una posición inmediatamente inferior a la Constitución Política”.
El control respecto de este tipo de normas, se desarrolla, tanto a nivel preventivo (obligatorio y eventual) y represivo (concreto y abstracto).

1.- Control Preventivo de Preceptos Legales.

Se produce antes que le precepto legal entre en vigencia, y podrá ser obligatorio o eventual.

1.1.- Control Preventivo Obligatorio de Preceptos legales. Consiste en:

Ø Artículo 93 Nº 1 de la CPR. Procede respecto de:
- Leyes Interpretativas de la Constitución
- Leyes Orgánicas Constitucionales
- Normas de un Tratado que versen sobre materias propias de Ley Orgánica Constitucional.
En este caso, la Cámara de Origen deberá enviar al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los 5 días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el Congreso.

1.2.- Control Preventivo Eventual de Preceptos Legales. Se refiere a:

Ø Artículo 93 Nº 3 de la CPR. Puede recaer respecto de:
- Leyes Simples y de Quórum Calificado
- Leyes de Reforma Constitucional
- Normas de un Tratado que no versen sobre materias de Ley Orgánica constitucional.

El requerimiento respecto de este tipo de normas sólo podrá ser presentado por:

(1) el Presidente de la República;
(2) cualquiera de las Cámaras; o
(3) una cuarta parte de los miembros en ejercicio de cualquiera de éstas.

Sólo podrá ser interpuesto antes de la promulgación de la ley respectiva, o antes de la remisión de la comunicación de la aprobación del tratado por parte del Congreso Nacional; pero nunca después del quinto día posterior al del despacho del proyecto.
El Tribunal Constitucional deberá resolver el requerimiento en un plazo de 10 días, salvo que decida prorrogarlo hasta por 10 días más, por motivos graves y calificados.
En relación con los efectos del requerimiento:

(a) éste no suspende la tramitación del proyecto;
(b) sin embargo, no podrá ser promulgado hasta la expiración del plazo referido (esta última regla, sin embargo, no se aplica a la ley de presupuesto ni a la aprobación de la declaración de guerra).

2.- Control Represivo de Preceptos Legales.

Tiene lugar una vez que el precepto se encuentra en vigencia.

2.1.- Control Represivo Concreto de Preceptos legales. Consiste en:

Ø Artículo 93 Nº 6 de la CPR. Corresponde a lo que se conoce como “Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de Preceptos Legales”:

Este recurso podrá ser interpuesto en cualquier gestión que se siga ante un Tribunal ordinario o especial, sólo por:

(1) cualquiera de las partes; o
(2) por el juez que conoce del asunto.

El objeto de este recurso es obtener la inaplicabilidad de un precepto legal, cuya aplicación resulte contraria a la Constitución en la gestión judicial antes señalada.
Una vez ingresado el recurso al Tribunal Constitucional, la sala respectiva realizará el examen de admisibilidad respectivo, mediante el cual se comprobará si:

a) existe gestión pendiente;
b) la aplicación del precepto legal pueda resultar decisivo en la resolución del asunto;
c) la impugnación que esté fundada razonablemente; y
d) cumple los demás requisitos que establezca la ley. Estos requisitos legales son los que indica el art. 47F de la LOC del TC, a saber:
- Que el requerimiento sea formulado por persona u órgano legitimado;
- Que la cuestión no se promueva respecto de un precepto legal que haya sido declarado conforme a la Constitución por el propio Tribunal Constitucional, en control preventivo o conociendo de un requerimiento y se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia respectiva; y
- Que se promueva respecto de un precepto que tenga rango legal.


Esta misma sala podrá conceder la suspensión del procedimiento que haya originado este recurso.
La declaración de inadmisibilidad no será susceptible de ulterior recurso.
Declarada la admisibilidad, el recurso será conocido por el pleno del Tribunal, quien podrá declarar la inaplicabilidad en el análisis de fondo.
Hasta el año 2005, la Inaplicabilidad era conocida por la Corte Suprema, de acuerdo a lo establecido en el antiguo art. 80 de la Constitución: “Art. 80. La Corte Suprema, de oficio o a petición de parte, en las materias de que conozca, o que le fueren sometidas en recurso interpuesto en cualquier gestión que se siga ante otro tribunal, podrá declarar inaplicable para esos casos particulares todo precepto legal contrario a la Constitución. Este recurso podrá deducirse en cualquier estado de la gestión, pudiendo ordenar la Corte la suspensión del procedimiento.” Luego de la Reforma de la Ley 20.050, esta competencia se traslada al Tribunal Constitucional.
No obstante ello, con pulcritud la atribución que tenía la Corte Suprema no es la misma que la que tiene hoy el Tribunal Constitucional. La Corte Suprema hacía un curioso control abstracto de constitucionalidad con efectos particulares (lo que analizaba era si la norma era constitucional o inconstitucional, no si su aplicación era o no constitucional, o sea, analizaba “norma contra norma”). Hoy, en cambio, el control que realiza el Tribunal Constitucional es efectivamente concreto y de efectos particulares (ello, por cuanto lo que le compete es declarar inaplicable cuando “su aplicación” resulte contraria a la Constitución, o sea ya no analiza la relación “norma contra norma” sino que la relación entre la “aplicación de la norma legal contra la norma constitucional”).

2.2.- Control Represivo Abstracto de Preceptos Legales. Se refiere a:

Ø Artículo 93 Nº 4 de la CPR. Consiste en el conocimiento de requerimientos que cuestionen la constitucionalidad de un Decreto con Fuerza de Ley.
El procedimiento correspondiente exige distinguir dos situaciones diferentes:

(1) Si la Contraloría General de la República ha representado (rechazado) un Decreto con Fuerza de Ley, por estimarlo inconstitucional, el Presidente de la República, y dentro de un plazo de 10 días contados desde la resolución de la contraloría, podrá requerir el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, para que resuelva la respectiva cuestión de constitucionalidad. Como se aprecia, en estricto rigor, se trata de un control preventivo y no represivo, ya que el DFL aún no ha entrado en vigencia.

(2) Si la Contraloría General de la República ha tomado de razón (aprobado) un Decreto con Fuerza de Ley, en tal caso cualquiera de las Cámaras o la cuarta parte de sus miembros en ejercicio, y dentro de un plazo de 30 días desde su publicación en el Diario Oficial, podrá interponer el respectivo requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Este requerimiento, a diferencia del anterior, sí constituye control represivo, puesto que el DFL ya ha entrado en vigencia.

Ø Artículo 93 Nº 7 de la CPR. Se refiere a la Acción Popular de inconstitucionalidad de Preceptos Legales previamente declarados inaplicables.

Esta acción tiene por objeto obtener del Tribunal Constitucional la declaración de incostitucionalidad de un precepto legal que haya sido declarado inaplicable en forma previa, de acuerdo al procedimiento del artículo 93 Nº 6 de la CPR.
Efectivamente, una vez declarado inaplicable por el procedimiento antes señalado, un precepto legal cualquier persona podrá presentar esta acción ante el Tribunal Constitucional. Esta persona no requiere comprobar interés alguno en la acción y, por lo mismo, se señala que se trata de una “Acción Popular”.
También, podrá ser ejercida de oficio por el propio Tribunal Constitucional.
De acuerdo con el inciso 12° del art. 93, la Ley Orgánica Constitucional respectiva deberá establecer los requisitos de admisibilidad, en el caso que se ejerza la acción pública, como así mismo, regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio.
En cumplimiento a dicho mandato constitucional, el art. 47 ñ de la LOC del Tribunal Constitucional, señala que no podrá promoverse una inconstitucionalidad, respecto de un tratado internacional; mientras que el art. 47 P establece que los actores deberán fundar razonablemente la petición, indicando la sentencia de inaplicabilidad previa en la que se sustenta y los argumentos constitucionales que sirvan de apoyo. Finalmente, el art. 47 R establece que se declarará la inadmisibilidad, sin ulterior recurso, de la acción pública de inconstitucionalidad:
a) Cuando no exista sentencia previa que haya declarado la inaplicabilidad del precepto legal impugnado; y
b) Cuando la cuestión se funde en un vicio de inconstitucionalidad distinto del que motivó la declaración de inaplicabilidad del precepto legal impugnado.
Además, en lo que se refiere a la Inconstitucionalidad de Oficio, la única norma especial que establece la LOC respectiva que “En los casos en que el Tribunal proceda de oficio, así lo declarará en una resolución preliminar fundada, que individualizará la sentencia de inaplicabilidad que le sirve de sustento y las disposiciones constitucionales transgredidas”.
Para decretar la inconstitucionalidad del precepto en cuestión, se deberá contar con el voto favorable de los cuatro quintos de los integrantes en ejercicio del Tribunal Constitucional.
En caso de ser declarada la inconstitucionalidad, el precepto legal se entenderá derogado.

Ÿ Control de Constitucionalidad de Auto Acordado

El control de consitucionalidad de Auto Acordados se encuentra consagrado en el artículo 93 Nº 2 de la CPR, el que dispone que “son atribuciones del Tribunal Constitucional, 2º resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los Auto Acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones”.
El requerimiento respectivo podrá ser presentado por:

(1) el Presidente de la República;
(2) cualquiera de las Cámaras o 10 de sus miembros; o
(3) cualquier persona que sea parte en juicio o gestión pendiente ante un Tribunal ordinario o especial, o desde la primera actuación del procedimiento penal, cuando sea afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo Auto Acordado.

Ingresado el requerimiento o recurso ante el Tribunal Constitucional, en la sala respectiva procederá a realizar un examen de admisibilidad, resolución que no será susceptible de ulterior recurso.
Decretada la incostitucionalidad del Auto Acordado, perderá su vigencia, aún en el caso en que haya sido presentado por algunas de las partes dentro de un juicio. O sea, no se busca la mera inaplicabilidad del Auto Acordado, sino su eliminación del ordenamiento jurídico.

Ÿ Control de Constitucionalidad de Actos Administrativos

El Tribunal Constitucional, en ciertos casos también puede revisar la constitucionalidad de algunos actos administrativos.
Por este motivo, será necesario diferenciar dos situaciones diferentes:

Ø Artículo 93 Nº 9 de la CPR. Se refiere a las cuestiones de constitucionalidad de un Decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría General de la República ha representado por ser inconstitucional.
En este caso, el Jefe de Estado podrá interponer el requerimiento ante el Tribunal Constitucional dentro de un plazo de 10 días contados desde el dictamen del órgano contralor.
Dejamos en claro, que sólo procede el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por parte del Presidente cuando el Decreto o resolución ha sido objetado por la Contraloría en razón de su inconstitucionalidad. Decimos esto, por cuanto si la causa de la representación del acto presidencial no es la inconstitucionalidad, sino que su ilegalidad, el camino que puede tomar el Presidente de la República es insistir ante la propia Contraloría, con la firma e todos sus ministros, en cuyo caso este órgano deberá dar curso al respectivo decreto o resolución, a pesar de su representación (art. 99 de la CPR)

Ø Artículo 93 Nº 16 de la CPR. Corresponde al conocimiento de las cuestiones sobre la constitucionalidad de Decretos Supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo a aquellos que vulneren el Principio de reserva Legal por regular asuntos contenidos en el artículo 93 de la CPR.
En este caso, supone la existencia de un Decreto Supremo que ya ha entrado en vigencia y por lo tanto, había sido tomado de razón por parte de la Contraloría General de la República.
El requerimiento respectivo, podrá ser interpuesto dentro de los 30 días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado.
Respecto del titular del requerimiento, debemos distinguir:

(a) si el vicio se refiere a la violación del Principio de Reserva Legal, sólo podrá ser interpuesto por cualquiera de ambas Cámaras;

(b) si el vicio se refiere a otra infracción, podrá ser interpuesto por cualquiera de las Cámaras o por a cuarta parte de sus miembros en ejercicio.

IV. Las Sentencias del Tribunal Constitucional
(Cuestiones Generales – Efectos de las Sentencias)

Ÿ Cuestiones Generales

El artículo 94 de la de la CPR establece algunos Principios fundamentales en relación con las resoluciones del Tribunal Constitucional. Dentro de ellos destacamos los siguientes:
(a) Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional, no procederá recurso alguno. Vale decir, este Tribunal actúa en única instancia, al menos a nivel interno.

(b) No obstante lo anterior, el mismo Tribunal, conforme a la ley, podrá rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.

Ÿ Efectos de las Sentencias Declaratorias de Inconstitucionalidad

Suponiendo que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad (no la inaplicabilidad) de una determinada norma o de un proyecto, los efectos de dicha declaración son los siguientes:

1.- Inconstitucionalidad decretada bajo Control Preventivo.

Según el inciso 2º del artículo 94 de la CPR, “las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o Decreto con Fuerza de Ley de que se trate”.

2.- Inconstitucionalidad decretada bajo Control Represivo

El inciso 3º del artículo 94 de la CPR, exige distinguir las siguientes situaciones:
(a) Inconstitucionalidad de un Decreto Supremo. Si un Decreto Supremo es declarado inconstitucional a través de lo dispuesto en el art. 93 Nº 16 de la Carta Fundamental, dicho decreto quedará sin efecto de pleno derecho con el sólo mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo.
(b) Inconstitucionalidad de Auto Acordados, Decretos con Fuerza de Ley y Preceptos Legales. Si estas normas han sido declaradas inconstitucionales a través de lo dispuesto en el art. 93 Nºs. 2, 4 y 7, se entenderán derogadas desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo.

En todo caso, el inciso final del artículo 94 de la CPR establece que toda sentencia que declare la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un Decreto con fuerza de Ley, de un Decreto Supremo o de un Auto Acorado, en su caso se publicará en el Diario Oficial, dentro de los tres días siguientes de su dictación.

Ÿ Apéndice: constitución actual del Tribunal Constitucional (julio de 2010)

Actualmente, el Tribunal Constitucional cuenta con la siguiente integración:

Presidente
• Marcelo Venegas Palacios
Ministros
• Raúl Bertelsen Repetto
• Hernán Vodanovic Schnake
• Mario Fernández Baeza
• Marisol Peña Torres
• Enrique Navarro Beltrán
• Francisco Fernández Fredes
• Carlos Carmona Santander
• José Antonio Viera Gallo
• Iván Aróstica